Parece como si los distintos actores implicados en esto de Internet hubiesen decidido usar los medios de comunicación como canal para iniciar una discusión, a propósito de si las empresas de Telecomunicaciones deben cumplir lo que prometen.

Primero, supimos que el Ministerio de Industria estaba preparando un Real Decreto que impediría que las empresas de telecomunicaciones publicitasen su producto de ADSL anunciando una velocidad determinada si no iban a ser capaces de cumplirla en al menos un 80%. Es conocido que la velocidad real a la que navegan los internautas es casi siempre más baja que la velocidad ofertada.

Poco después vino la respuesta de las empresas involucradas. Las Telecos dicen que esto que pretende el ministerio es una «barbaridad» y demuestra «desconocimiento total de la tecnología». Alegan que son muchos los factores que alteran la velocidad del ADSL (la distancia entre el domicilio y la central sobre todo, pero también puertas electrónicas del garaje, los ascensores o los generadores de energía) y ello, aseguran, impide calcular con seguridad cuál será la velocidad final efectiva.

La Unión de Consumidores de España también quiere que se oiga su voz en este asunto, voz que es también crítica con el plan del Ministerio. Ellos exigen que las operadoras cumplan al 100% la velocidad que ofertan. Su tesis es que si se acepta que las telecos incumplan lo prometido, los usuarios deberían pagar también solo el 80% del coste del servicio.